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A petición del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y de un abogado a título personal, la Corte Constitucional admitió dos acciones de inconstitucionalidad de la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en vigencia desde abril. Además concedió la suspensión provisional de la vigencia de esta ley.

Los juristas critican dos beneficios de la ley educativa: la jubilación especial para los docentes porque define la jubilación tras 25 años de servicio y sin límite de edad; y el aumento del salario básico de $817 a $1000. Según el Ministerio de Finanzas, estos beneficios incrementarían el gasto fiscal en $3.000 millones al año.