La Gobernación de Los Ríos, el MIES Distrito Quevedo – Mocache, el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Registro Civil, la Jefatura Política de Buena Fe, el GAD Parroquial de Patricia Pilar y la Policía Nacional realizaron la primera intervención de los compromisos acordados en la mesa Intersectorial que se llevó a cabo días atrás.
Estas instituciones brindaron atención y recabaron información acerca de la situación en la que viven los trabajadores de esta hacienda, un caso que llamó la atención a nivel internacional por las condiciones de esclavitud en la que vivieron durante muchos años.
Algunos de los abusos que padecieron más de un centenar de campesinos, la mayoría afrodescendientes, fueron condiciones de trabajo «infrahumanas», sin agua potable, luz y saneamiento, jornadas laborales de más de 10 horas sin contratos ni seguridad social, hacinamiento, trabajo infantil y mutilaciones por el uso inseguro de maquinaria agrícola.
En una decisión histórica, el pasado 19 de abril un juez constitucional sentenció a la abacalera de capitales japoneses, a indemnizar a 123 de sus exempleados, que demandaron a la compañía por las terribles condiciones en las que trabajaban y vivían, además el Estado tuvo que pedir disculpas públicamente por no haber actuado oportunamente.
